La energía generada con astillas y pellets de madera, hueso de aceituna y otra biomasa permite dejar de importar a los españoles el equivalente a más de 1,2 millones de toneladas de petróleo (unos 10 millones de barriles de petróleo).
Además, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el uso combustibles fósiles como son el gasóleo o el gas natural.
La utilización de biomasa como fuente de energía térmica evitó en 2017 la emisión de 3,8 millones de toneladas de CO2 en España, contribuyendo así a la reducción de gases de efecto invernadero el equivalente a la contaminación que producen 2,6 millones de vehículos durante un año.
A pesar de estos beneficios, la biomasa tiene un desigual grado de implantación en las diferentes comunidades autónomas, destacando su desarrollo en las que cuentan con mayor compromiso medioambiental, en las que se preocupan por el mantenimiento del empleo rural y la dinamización de las economías locales y, sobre todo, en las que se han dado cuenta del significativo ahorro económico que supone para las familias, empresas y administraciones.
Por ejemplo, en Castilla y León la alta demanda térmica durante los meses de invierno ha supuesto que las calderas individuales de biomasa proliferen de forma considerable entre la población rural. Con 37.003 instalaciones (frente a las 1.971 de hace una década), se sitúa como la segunda comunidad, solo superada por Andalucía (con 64.306) en la que el número de estufas en viviendas independientes es altísimo, y por delante de Cataluña, con 22.731 estufas y calderas en funcionamiento.